Plantean la suspensión de acción penal para quienes se hayan desmovilizado y colaboren con desmantelar el grupo criminal
La Fiscalía investiga más de mil 500 denuncias que involucran a miembros de la fuerza pública
La oposición colombiana censuró hoy el veto del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez a la ley que buscaba reparar los daños ocasionados a las víctimas de los agentes del Estado y que fue rechazada en el Congreso a pedido del Ejecutivo.
El senador opositor, Juan Fernando Cristo, dijo a periodistas que el gobierno "colocó talanqueras" para evitar que la norma con la cual se buscaba resarcir a los afectados por crímenes de Estado, prosperara en el Legislativo.
Lamentó que el Ejecutivo hubiera vetado la ley que reparaba las víctimas de agentes del Estado y en cambio hubiera apoyado la Ley de principio de oportunidades, que "perdona los crímenes de los paramilitares".
Esta última iniciativa, aprobada el lunes por el Congreso, plantea la suspensión de la acción penal para quienes se hayan desmovilizado y colaboren con desmantelar el grupo criminal al que pertenecen.
Ello permitirá que 19 mil ex paramilitares, que no tienen procesos pendientes por delitos de lesa humanidad, puedan resolver su situación jurídica para su reincorporación a la sociedad.
Aunque las comisiones de Senado y Cámara habían avalado la Ley de reparación de víctimas de agentes del Estado, el plenario decidió anoche rechazarla por pedido del presidente colombiano.
El texto fue rechazado por 48 votos contra 24 en la plenaria del Senado, por lo cual no pasará a sanción presidencial aunque en la votación de la Cámara se de por aprobado.
La norma recibió en la víspera fuertes críticas de Uribe Vélez, quién la consideró costosa para el erario público y una amenaza para su política de seguridad democrática, consistente en una guerra total contra la insurgencia.
Cristo señaló a periodistas que el gobierno pidió "hundir" la ley porque cree que "sólo se debe reparar a las víctimas de los guerrilleros y paramilitares y no las de los agentes del Estado".
La Fiscalía investiga más de mil 500 denuncias que involucran a miembros de la fuerza pública con la desaparición de jóvenes que luego han sido reportados por el Ejército como rebeldes muertos en combate. (Con información de Notimex/JJJ) Bogotá, Colombia (El Financiero)
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