El decreto, que privilegia la presunción de culpabilidad sobre la de inocencia, igual que una draconiana ley antidrogas vigente desde hace dos décadas, podría afectar a todo tipo de propiedades y empresas, incluidos medios de comunicación, según explicó el Gobierno.
El Gobierno izquierdista de Bolivia aprobó el miércoles un decreto que autoriza la incautación de bienes de personas vinculadas con actividades de terrorismo o separatismo, una medida duramente criticada por la oposición regional desde que fue anunciada el mes pasado.
El decreto, que privilegia la presunción de culpabilidad sobre la de inocencia, igual que una draconiana ley antidrogas vigente desde hace dos décadas, podría afectar a todo tipo de propiedades y empresas, incluidos medios de comunicación, según explicó el Gobierno.
"Estamos hablando de (afectar a) actividades, capacidades organizativas, uso de instrumentos que atenten contra la seguridad del Estado, contra los ciudadanos, contra la unidad nacional", dijo a reporteros el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al explicar la dura medida.
Se pretende cortar el financiamiento a grupos irregulares, como uno desmantelado en abril en el distrito oriental de Santa Cruz y que fue acusado de planear el asesinado del presidente Evo Morales y desatar una guerra separatista, explicó.
Según fuentes políticas, el descubrimiento de ese grupo parece haber dado a Morales -quien buscará la reelección en diciembre- la oportunidad de atacar al corazón de oligarcas cruceños que frenan sus reformas indigenistas y socialistas.
El decreto "está dirigido contra organizaciones o entidades que estuvieran involucradas en actos que amenazan potencialmente a la unidad o la seguridad del Estado, se aplica para todos aquellos que están involucrados directa o indirectamente", agregó Quintana.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, explicó que la incautación se realizará por orden de un juez y a simple requerimiento de un fiscal, antes de un eventual juicio a los sospechosos.
"Si luego de celebrarse un juicio se determina sentencia condenatoria que adquiere ejecutoria, esos bienes incautados pasan a categoría de bienes confiscados y a propiedad del Estado, sin derecho a indemnización alguna", dijo.
"Una barbaridad"
El jefe de la opositora brigada parlamentaria de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, rechazó el decreto, calificándolo de ilegal y dirigido a afectar al movimiento autonomista de Santa Cruz, distrito bastión de la derecha donde están casi todos los presuntos financiadores del grupo irregular desmantelado.
"Es una barbaridad, no está en el ordenamiento jurídico, ni en la Constitución, ni en las leyes", dijo el diputado cruceño a radio Erbol.
En el caso de terrorismo que todavía conmociona a la política boliviana "no hay ni siquiera acusados, pero muchos ya corren riesgo de una incautación", objetó.
"Esto es un atropello del Gobierno, aprovechándose de que no hay un Tribunal Constitucional", paralizado desde hace más de un año por renuncia de casi todos sus miembros, añadió.
Organizaciones empresariales rechazaron anticipadamente el decreto de incautación, pero no reaccionaron de inmediato ante la vigencia de la medida, que fue anticipada hace casi tres semanas por Morales, un seguidor del venezolano Hugo Chávez.
El decreto fue aprobado mientras paralelas investigaciones de la fiscalía y de una comisión de diputados acumulan pruebas aparentemente contundentes de la existencia de un grupo de autoridades, empresarios y activistas cívicos de Santa Cruz que apoyaron al presunto grupo terrorista y separatista.
Ese grupo estaba liderado por el mercenario Eduardo Rozsa Flores, de nacionalidades boliviana, húngara y croata, quien fue abatido a balazos junto con un irlandés y un rumano-húngaro en una operación policial en la que terminaron detenidos un húngaro croata y un ex militar boliviano.
La fiscalía y diputados dijeron haber identificado canales de financiamiento del grupo de Rozsa y anunciaron que tomarán declaraciones a una veintena de autoridades y empresarios de Santa Cruz presuntamente involucrados en el caso. La Paz, Bolivia. Reuters (Milenio)
El decreto, que privilegia la presunción de culpabilidad sobre la de inocencia, igual que una draconiana ley antidrogas vigente desde hace dos décadas, podría afectar a todo tipo de propiedades y empresas, incluidos medios de comunicación, según explicó el Gobierno.
"Estamos hablando de (afectar a) actividades, capacidades organizativas, uso de instrumentos que atenten contra la seguridad del Estado, contra los ciudadanos, contra la unidad nacional", dijo a reporteros el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al explicar la dura medida.
Se pretende cortar el financiamiento a grupos irregulares, como uno desmantelado en abril en el distrito oriental de Santa Cruz y que fue acusado de planear el asesinado del presidente Evo Morales y desatar una guerra separatista, explicó.
Según fuentes políticas, el descubrimiento de ese grupo parece haber dado a Morales -quien buscará la reelección en diciembre- la oportunidad de atacar al corazón de oligarcas cruceños que frenan sus reformas indigenistas y socialistas.
El decreto "está dirigido contra organizaciones o entidades que estuvieran involucradas en actos que amenazan potencialmente a la unidad o la seguridad del Estado, se aplica para todos aquellos que están involucrados directa o indirectamente", agregó Quintana.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, explicó que la incautación se realizará por orden de un juez y a simple requerimiento de un fiscal, antes de un eventual juicio a los sospechosos.
"Si luego de celebrarse un juicio se determina sentencia condenatoria que adquiere ejecutoria, esos bienes incautados pasan a categoría de bienes confiscados y a propiedad del Estado, sin derecho a indemnización alguna", dijo.
"Una barbaridad"
El jefe de la opositora brigada parlamentaria de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, rechazó el decreto, calificándolo de ilegal y dirigido a afectar al movimiento autonomista de Santa Cruz, distrito bastión de la derecha donde están casi todos los presuntos financiadores del grupo irregular desmantelado.
"Es una barbaridad, no está en el ordenamiento jurídico, ni en la Constitución, ni en las leyes", dijo el diputado cruceño a radio Erbol.
En el caso de terrorismo que todavía conmociona a la política boliviana "no hay ni siquiera acusados, pero muchos ya corren riesgo de una incautación", objetó.
"Esto es un atropello del Gobierno, aprovechándose de que no hay un Tribunal Constitucional", paralizado desde hace más de un año por renuncia de casi todos sus miembros, añadió.
Organizaciones empresariales rechazaron anticipadamente el decreto de incautación, pero no reaccionaron de inmediato ante la vigencia de la medida, que fue anticipada hace casi tres semanas por Morales, un seguidor del venezolano Hugo Chávez.
El decreto fue aprobado mientras paralelas investigaciones de la fiscalía y de una comisión de diputados acumulan pruebas aparentemente contundentes de la existencia de un grupo de autoridades, empresarios y activistas cívicos de Santa Cruz que apoyaron al presunto grupo terrorista y separatista.
Ese grupo estaba liderado por el mercenario Eduardo Rozsa Flores, de nacionalidades boliviana, húngara y croata, quien fue abatido a balazos junto con un irlandés y un rumano-húngaro en una operación policial en la que terminaron detenidos un húngaro croata y un ex militar boliviano.
La fiscalía y diputados dijeron haber identificado canales de financiamiento del grupo de Rozsa y anunciaron que tomarán declaraciones a una veintena de autoridades y empresarios de Santa Cruz presuntamente involucrados en el caso. La Paz, Bolivia. Reuters (Milenio)
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