En un escrito de 15 páginas, cinco magistrados del Supremo acordaron aceptar una demanda contra Garzón presentada por Manos Limpias, un sindicato conservador de funcionarios.
El Tribunal Supremo anunció el miércoles que investiga si el juez Baltasar Garzón pudo cometer un delito de prevaricación al intentar abrir una causa general sobre los delitos cometidos en la guerra civil española.
En un escrito de 15 páginas, cinco magistrados del Supremo acordaron aceptar una demanda contra Garzón presentada por Manos Limpias, un sindicato conservador de funcionarios.
Garzón, mundialmente conocido por investigaciones como la del ex dictador chileno Augusto Pinochet, intentó el año pasado abrir un proceso general sobre las desapariciones de decenas de miles de personas durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura del general Francisco Franco.
Después de enfrentarse a la Fiscalía y otras instancias judiciales, que se opusieron a esta investigación, Garzón decidió dejar el caso en manos de tribunales regionales.
Manos Limpias dijo en su querella que el magistrado actuó a sabiendas de que no tenía jurisdicción. Sostiene que Garzón utilizó un ``artilugio jurídico'' -en referencia a la causa por las desapariciones durante el franquismo- ``prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama'', un cruento episodio de la guerra civil sobre el fusilamiento de más de 4.000 prisioneros del bando nacional a manos de las fuerzas de seguridad republicanas en esa localidad cercana a Madrid.
La querella sostiene además que el juez utilizó el procedimiento ``consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría''.
De momento, Garzón no está suspendido en sus funciones. Madrid, España. AP (Milenio)
En un escrito de 15 páginas, cinco magistrados del Supremo acordaron aceptar una demanda contra Garzón presentada por Manos Limpias, un sindicato conservador de funcionarios.
Garzón, mundialmente conocido por investigaciones como la del ex dictador chileno Augusto Pinochet, intentó el año pasado abrir un proceso general sobre las desapariciones de decenas de miles de personas durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura del general Francisco Franco.
Después de enfrentarse a la Fiscalía y otras instancias judiciales, que se opusieron a esta investigación, Garzón decidió dejar el caso en manos de tribunales regionales.
Manos Limpias dijo en su querella que el magistrado actuó a sabiendas de que no tenía jurisdicción. Sostiene que Garzón utilizó un ``artilugio jurídico'' -en referencia a la causa por las desapariciones durante el franquismo- ``prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama'', un cruento episodio de la guerra civil sobre el fusilamiento de más de 4.000 prisioneros del bando nacional a manos de las fuerzas de seguridad republicanas en esa localidad cercana a Madrid.
La querella sostiene además que el juez utilizó el procedimiento ``consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría''.
De momento, Garzón no está suspendido en sus funciones. Madrid, España. AP (Milenio)
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