Jefe del Estado Mayor pide diálogo; avizora pronta solución
El cerco sobre el gobierno hondureño de facto creció ayer, con llamados desde diversos sectores para dialogar con el presidente depuesto, Manuel Zelaya, y para que éste regrese, aunque sea brevemente, al mando del país.
El jefe del Estado Mayor Conjunto hondureño, general Romeo Vásquez, afirmó que las Fuerzas Armadas recomiendan a sus superiores el diálogo y señaló que se han tomando todas las medidas necesarias para evitar que el país se pueda “desangrar”.
El general, cuyas tropas derrocaron a Zelaya tras arrestarlo y expulsarlo el pasado 28 de junio, indicó que ve que “rápidamente” se está “llegando a una solución”. Un acuerdo es posible, subrayó, el acuerdo para la salida a la crisis desatada tras el golpe de Estado se logrará “siempre y cuando haya disposición de las partes de sentarse a dialogar”.
A su vez, líderes empresariales impulsan un plan que propone restituir por unas horas a Zelaya y el envío de 3 mil soldados de Naciones Unidas (ONU) para garantizar la paz en Honduras. “Sólo tratamos de que la paz retorne al país”, dijo a la agencia Associated Press el presidente de la Asociación de Industriales, Adolfo Facussé. “Intentamos lograr un pacto entre las partes en conflicto que han expresado su disposición al diálogo, pero no lo llevan a cabo”.
La idea, enmarcada en el Acuerdo de San José, promovido por el mediador y presidente costarricense, Óscar Arias, implica que Zelaya reasuma el poder para entregarlo de inmediato a las Fuerzas Armadas y un Consejo de ministros de Estado, mientras que el presidente de facto, Roberto Micheletti, regresaría a su curul en el Congreso. “Micheletti no sería un diputado más, se le designaría congresista vitalicio, lo cual es inédito y no lo prohíbe la ley”, explicó Facussé.
La primera fisura en el apoyo interno al gobierno de facto surgió el lunes, cuando diputados de los partidos Liberal y Nacional —que habían respaldado el derrocamiento de Zelaya— pidieron a Micheletti, relajar la restricción de libertades, que ha sido criticada nacional e internacionalmente.
En este contexto, Estados Unidos instó ayer al gobierno de facto a restablecer “inmediatamente” las garantías constitucionales y criticó a quienes “instigan a la violencia” porque “dañan” al pueblo hondureño. El embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, se refirió así al decreto de suspensión de garantías constitucionales —entre ellas las libertades de reunión, prensa y circulación— publicado el sábado por Micheletti, bajo el cual fueron clausurados una radiodifusora y un canal de televisión.
Zelaya, en tanto, calificó de “grosero” al embajador alterno de Estados Unidos ante la OEA, Lewis Amselem, quien el lunes declaró que la decisión de Zelaya de regresar a Honduras fue “irresponsable y estúpida”, y que su presencia no ayudaba a lograr el “restablecimiento del orden democrático” en esa nación centroamericana. “Esas declaraciones fueron desafortunadas”, señaló Zelaya, quien pidió a EU seguir trabajando por “mi restitución y el regreso del orden democrático a Honduras”. Tegucigalpa, Honduras
El jefe del Estado Mayor Conjunto hondureño, general Romeo Vásquez, afirmó que las Fuerzas Armadas recomiendan a sus superiores el diálogo y señaló que se han tomando todas las medidas necesarias para evitar que el país se pueda “desangrar”.
El general, cuyas tropas derrocaron a Zelaya tras arrestarlo y expulsarlo el pasado 28 de junio, indicó que ve que “rápidamente” se está “llegando a una solución”. Un acuerdo es posible, subrayó, el acuerdo para la salida a la crisis desatada tras el golpe de Estado se logrará “siempre y cuando haya disposición de las partes de sentarse a dialogar”.
A su vez, líderes empresariales impulsan un plan que propone restituir por unas horas a Zelaya y el envío de 3 mil soldados de Naciones Unidas (ONU) para garantizar la paz en Honduras. “Sólo tratamos de que la paz retorne al país”, dijo a la agencia Associated Press el presidente de la Asociación de Industriales, Adolfo Facussé. “Intentamos lograr un pacto entre las partes en conflicto que han expresado su disposición al diálogo, pero no lo llevan a cabo”.
La idea, enmarcada en el Acuerdo de San José, promovido por el mediador y presidente costarricense, Óscar Arias, implica que Zelaya reasuma el poder para entregarlo de inmediato a las Fuerzas Armadas y un Consejo de ministros de Estado, mientras que el presidente de facto, Roberto Micheletti, regresaría a su curul en el Congreso. “Micheletti no sería un diputado más, se le designaría congresista vitalicio, lo cual es inédito y no lo prohíbe la ley”, explicó Facussé.
La primera fisura en el apoyo interno al gobierno de facto surgió el lunes, cuando diputados de los partidos Liberal y Nacional —que habían respaldado el derrocamiento de Zelaya— pidieron a Micheletti, relajar la restricción de libertades, que ha sido criticada nacional e internacionalmente.
En este contexto, Estados Unidos instó ayer al gobierno de facto a restablecer “inmediatamente” las garantías constitucionales y criticó a quienes “instigan a la violencia” porque “dañan” al pueblo hondureño. El embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, se refirió así al decreto de suspensión de garantías constitucionales —entre ellas las libertades de reunión, prensa y circulación— publicado el sábado por Micheletti, bajo el cual fueron clausurados una radiodifusora y un canal de televisión.
Zelaya, en tanto, calificó de “grosero” al embajador alterno de Estados Unidos ante la OEA, Lewis Amselem, quien el lunes declaró que la decisión de Zelaya de regresar a Honduras fue “irresponsable y estúpida”, y que su presencia no ayudaba a lograr el “restablecimiento del orden democrático” en esa nación centroamericana. “Esas declaraciones fueron desafortunadas”, señaló Zelaya, quien pidió a EU seguir trabajando por “mi restitución y el regreso del orden democrático a Honduras”. Tegucigalpa, Honduras
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