viernes, 25 de septiembre de 2009

Zelaya anuncia inicio de diálogo


Presidente derrocado de Honduras habla con golpistas


El destituido presidente hondureño Manuel Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil, anunció ayer haber iniciado el diálogo con el gobierno de facto, en tanto el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que hoy sostendrá una reunión de urgencia para analizar la grave crisis política que atraviesa el país.
Según dijo Zelaya, el presidente de facto, Roberto Micheletti, envió un representante para hacerle una propuesta a fin de superar la crisis. “Ayer a las 10 de la noche vino un personaje de ellos en una sesión privada a hablar conmigo y manifestar (...) una propuesta que significa dar otro golpe de Estado, o sea, quitar el golpista que está ahora y sentar a otro tercer golpista para que accediera a la Presidencia”, dijo el mandatario depuesto en declaraciones para una estación de radio de Paraguay.
“Ante mi negativa, no he vuelto a tener noticias”, agregó.
Ese encuentro fue la primera señal de acercamiento entre los bandos rivales que tienen sumida a Honduras en su peor crisis política en décadas. El mismo Zelaya dijo a varios medios que a pesar de que “ellos están inflexibles”, “este es el inicio para buscar soluciones pacíficas que traerán la paz perdida con el golpe de Estado. Y con las visitas que pronto tendré, y que no daré detalles, comenzaré a hablar con todos los sectores de mi país”.
En este marco, cuatro de los candidatos presidenciales a las elecciones hondureñas de noviembre instaron a las partes a volver a la mesa de negociación en el marco del Acuerdo de San José, que impulsa el presidente costarricense y mediador en el conflicto, Óscar Arias, para resolver la crisis. “Urgimos a las partes retomar esa instancia de diálogo para que, con los agregados y contribuciones que podrían convenirse dentro del proceso negociador pueda encontrarse en forma consensuada la forma de solución justa y equilibrada a la crisis”, dijeron los candidatos en un comunicado.
Por su parte, la Cancillería del gobierno de facto anunció la aceptación de una misión integrada por Arias, a sugerencia del ex gobernante estadounidense Jimmy Carter, para dialogar sobre la situación por la que atraviesa el país. En cambio, Micheletti aplazó el recibimiento de otra misión de cancilleres de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por lo pronto, la presidenta de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora estadounidense Susan Rice, convocó para hoy a una reunión, que se celebrará a puerta cerrada. De esta forma, los 15 integrantes del Consejo atienden la petición que les trasladó el martes el gobierno de Brasil, en cuya embajada en Tegucigalpa se halla refugiado el gobernante constitucional hondureño desde el lunes.
En la capital hondureña, miles de seguidores de Micheletti se lanzaron a las calles para protestar contra lo que llaman la “injerencia” extranjera en Honduras, mientras otros miles lo hicieron por segundo día para pedir la restitución de Zelaya. En la marcha de los defensores del gobierno de facto, agresores lanzaron piedras contra uno de los manifestantes, que resultó levemente herido. Los atacantes fueron detenidos.
Los seguidores de Micheletti insisten en que las acciones por las que Zelaya fue expulsado del poder y del país fueron legales y un estudio de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos pareció ayer darles la razón.
Destitución fue legal
El informe, divulgado por el congresista republicano Aaron Schock, indicó que “el Servicio de Investigaciones del Congreso, una agencia apolítica, concluyó que la destitución del ex presidente Zelaya fue constitucional y debemos respetar ese hallazgo. Es inaceptable que nuestro gobierno trate de obligar a Honduras a violar su propia Constitución al cortarle la ayuda extranjera”. Lo único ilegal en los hechos del 28 de junio, añadió, fue la expulsión de Zelaya del país.
Por ello, Schock recomendó reanudar la asistencia internacional a Honduras, así como las visas de funcionarios hondureños, cooperar con el gobierno de ese país al enviar observadores para las elecciones de noviembre y reconocer la legitimidad de tales comicios si son imparciales. También llamó a una amnistía general para todos los involucrados en la destitución de Zelaya. Tegucigalpa, Honduras

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