El principal grupo multimedia de América Latina fue sorprendido ayer por un masivo operativo en oficinas y casas de sus directivos, en medio de una polémica sobre los monopolios
Más de dos centenares de inspectores participaron ayer de un gran operativo fiscal en empresas y casas particulares de directivos de Clarín, calificado por el mayor grupo multimedia de Argentina, crítico de la política oficial, de “intimidatorio”.
“El operativo tuvo claramente un objetivo, que es el de intimidarnos y amenazar, de manera virtual, nuestra libertad de expresión”, denunció Ricardo Kirschbaum, editor General de Clarín a la prensa.
Kirschbaum reveló además que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Etchegaray, lo había llamado para pedirle disculpas, decirle que él no había ordenado el operativo y que había abierto un sumario a los presuntos responsables.
El edificio de las oficinas y la redacción del diario en el barrio porteño de Constitución, y diez casas de directivos del grupo, fueron escenario del operativo fiscal de más de tres horas, informó la empresa, que está en el centro de una pelea con el gobierno por el proyecto de ley de Medios Audiovisuales, a consideración del Congreso.
De aprobarse la norma, Clarín tendrá que deshacerse de sus canales de aire o abandonar los de cable en menos de un año.
El gobierno aduce que el objetivo es terminar con los monopolios informativos, pero la oposición cuestiona diversos artículos del proyecto y enmarca la iniciativa en el enfrentamiento del matrimonio Kirchner con el poderoso grupo multimediático, el de mayor circulación de América Latina. El operativo fue condenado por la dirigencia opositora.
El PRO (derecha), partido que lidera el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, manifestó “su más categórico rechazo” al operativo, que calificó como una “nueva expresión de intolerancia que ha asumido hoy el kirchnerismo al pretender intimidar al diario” y “coartar el ejercicio de la libertad de prensa”.
Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía que timoneó la salida de la debacle económica de 2001 y 2002, advirtió que “sin libertad de opinar no hay democracia y sin democracia no hay futuro”, al ser consultado sobre lo sucedido.
El proyecto de ley, que el kirchnerismo pretende aprobar antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, fue criticado ayer por entidades de prensa argentinas y extranjeras, que advierten sobre el peligro que corre la libertad de expresión y la seguridad jurídica.
La declaración surgió del “Encuentro por la Libertad de Expresión”, realizado el jueves en Buenos Aires con directivos de una docena de entidades, entre ellas la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
El proyecto de ley sobre medios audiovisuales es visto como un nuevo capítulo del conflicto entre la presidenta Cristina de Kirchner y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007), y Clarín, crítico feroz de la política oficial.
El proyecto también que organizaciones civiles sin fines de lucro puedan acceder a un tercio del espacio audiovisual, en igual proporción que los medios públicos y los privados. “La libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa”, dijo Cristina Kirchner, cuyo partido fue derrotado el 28 de junio en comicios legislativos de mitad de mandato.
Proyecto de ley••• El gobierno quiere reformar la ley de medios audiovisuales, de 1980, porque fue sancionada bajo la última dictadura (1976/83). Pero expertos como Ethel Diez, de la privada Universidad Austral, dice que “fue la ley de reforma del Estado de 1999 la que permitió la formación de grupos multimedios y la entrada del capital extranjero en el sector”. El nuevo proyecto “nos acerca más al texto original” de la época de los militares, afirmó. La polémica entre Clarín y el gobierno estalló en agosto, al nacionalizarse los derechos de transmisión del futbol, que estaban en manos de un grupo ligado a Clarin, cuyo contrato fue rescindido por la Asociación de Futbol Argentino (AFA). El proyecto abre el mercado de tv por cable a las grandes compañías telefónicas: Telefónica, Telecom y Telmex. Buenos Aires, Argentina
“El operativo tuvo claramente un objetivo, que es el de intimidarnos y amenazar, de manera virtual, nuestra libertad de expresión”, denunció Ricardo Kirschbaum, editor General de Clarín a la prensa.
Kirschbaum reveló además que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Etchegaray, lo había llamado para pedirle disculpas, decirle que él no había ordenado el operativo y que había abierto un sumario a los presuntos responsables.
El edificio de las oficinas y la redacción del diario en el barrio porteño de Constitución, y diez casas de directivos del grupo, fueron escenario del operativo fiscal de más de tres horas, informó la empresa, que está en el centro de una pelea con el gobierno por el proyecto de ley de Medios Audiovisuales, a consideración del Congreso.
De aprobarse la norma, Clarín tendrá que deshacerse de sus canales de aire o abandonar los de cable en menos de un año.
El gobierno aduce que el objetivo es terminar con los monopolios informativos, pero la oposición cuestiona diversos artículos del proyecto y enmarca la iniciativa en el enfrentamiento del matrimonio Kirchner con el poderoso grupo multimediático, el de mayor circulación de América Latina. El operativo fue condenado por la dirigencia opositora.
El PRO (derecha), partido que lidera el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, manifestó “su más categórico rechazo” al operativo, que calificó como una “nueva expresión de intolerancia que ha asumido hoy el kirchnerismo al pretender intimidar al diario” y “coartar el ejercicio de la libertad de prensa”.
Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía que timoneó la salida de la debacle económica de 2001 y 2002, advirtió que “sin libertad de opinar no hay democracia y sin democracia no hay futuro”, al ser consultado sobre lo sucedido.
El proyecto de ley, que el kirchnerismo pretende aprobar antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, fue criticado ayer por entidades de prensa argentinas y extranjeras, que advierten sobre el peligro que corre la libertad de expresión y la seguridad jurídica.
La declaración surgió del “Encuentro por la Libertad de Expresión”, realizado el jueves en Buenos Aires con directivos de una docena de entidades, entre ellas la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
El proyecto de ley sobre medios audiovisuales es visto como un nuevo capítulo del conflicto entre la presidenta Cristina de Kirchner y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007), y Clarín, crítico feroz de la política oficial.
El proyecto también que organizaciones civiles sin fines de lucro puedan acceder a un tercio del espacio audiovisual, en igual proporción que los medios públicos y los privados. “La libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa”, dijo Cristina Kirchner, cuyo partido fue derrotado el 28 de junio en comicios legislativos de mitad de mandato.
Proyecto de ley••• El gobierno quiere reformar la ley de medios audiovisuales, de 1980, porque fue sancionada bajo la última dictadura (1976/83). Pero expertos como Ethel Diez, de la privada Universidad Austral, dice que “fue la ley de reforma del Estado de 1999 la que permitió la formación de grupos multimedios y la entrada del capital extranjero en el sector”. El nuevo proyecto “nos acerca más al texto original” de la época de los militares, afirmó. La polémica entre Clarín y el gobierno estalló en agosto, al nacionalizarse los derechos de transmisión del futbol, que estaban en manos de un grupo ligado a Clarin, cuyo contrato fue rescindido por la Asociación de Futbol Argentino (AFA). El proyecto abre el mercado de tv por cable a las grandes compañías telefónicas: Telefónica, Telecom y Telmex. Buenos Aires, Argentina
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