El Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de la Corte Administrativo de la Corte Suprema de Justicia derogó en "sentencia judicial definitiva" el acuerdo emitido el 23 de marzo pasado por Zelaya en Consejo de Ministros, que aprobó una consulta popular.
Un tribunal de justicia de Honduras sepultó la pretensión del depuesto presidente Manuel Zelaya de redactar una nueva Constitución para poder reelegirse, al derogar un acuerdo que aprobó una consulta popular sobre el tema.
El Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de la Corte Administrativo de la Corte Suprema de Justicia derogó en "sentencia judicial definitiva" el acuerdo emitido el 23 de marzo pasado por Zelaya en Consejo de Ministros, que aprobó una consulta popular.
La consulta que generó el golpe de Estado el día que iba a realizarse, el pasado 28 de junio, consistía en que la población asistiera a las urnas para decir si o no a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que redactaría una nueva Constitución.
La encuesta fue declarada "ilegal" por la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior Electoral, Congreso Nacional y otros organismos, pero Zelaya insistió en que la realizaría "contra viento y marea".
El Ministerio Público interpuso una demanda contra el decreto aprobado por Zelaya y el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo lo derogó, informaron este miércoles emisoras locales.
Además declaró que el decreto era ilegal y anticonstitucional, porque la Constitución sólo permite convocar al plebiscito y referéndum para asuntos que no estén relacionados con reformar artículos constitucionales que prohiben la reelección presidencial.
La Constitución que pretendía derogar Zelaya, establece que quien incurra en derogar artículos relacionados con el periodo presidencial, incurre en traición a la patria.
La Constitución de la República está vigente desde el 20 de enero de 1982. Tegucigalpa, Honduras
El Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de la Corte Administrativo de la Corte Suprema de Justicia derogó en "sentencia judicial definitiva" el acuerdo emitido el 23 de marzo pasado por Zelaya en Consejo de Ministros, que aprobó una consulta popular.
La consulta que generó el golpe de Estado el día que iba a realizarse, el pasado 28 de junio, consistía en que la población asistiera a las urnas para decir si o no a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que redactaría una nueva Constitución.
La encuesta fue declarada "ilegal" por la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior Electoral, Congreso Nacional y otros organismos, pero Zelaya insistió en que la realizaría "contra viento y marea".
El Ministerio Público interpuso una demanda contra el decreto aprobado por Zelaya y el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo lo derogó, informaron este miércoles emisoras locales.
Además declaró que el decreto era ilegal y anticonstitucional, porque la Constitución sólo permite convocar al plebiscito y referéndum para asuntos que no estén relacionados con reformar artículos constitucionales que prohiben la reelección presidencial.
La Constitución que pretendía derogar Zelaya, establece que quien incurra en derogar artículos relacionados con el periodo presidencial, incurre en traición a la patria.
La Constitución de la República está vigente desde el 20 de enero de 1982. Tegucigalpa, Honduras
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