El reclamo de una vieja deuda del Estado llevó a más de 80 mil docentes chilenos a realizar ayer una jornada de huelga, acompañada de una marcha en el centro de Santiago, lo que generó una fuerte controversia entre el Colegio de Profesores y el gobierno, que cuestionó la medida.
La huelga, a la que se plegaron también los asistentes de escuelas, fue convocada ante el reclamo de algunos bienes mal liquidados en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando se descentralizó la educación, y los colegios pasaron de la órbita del Ministerio de Educación a la de los municipios.
“La deuda histórica”, como la conocen todos los educadores chilenos, es reclamada junto al pago de la segunda cuota del bono conocido como Subvención Adicional Especial (SAE), fruto de un acuerdo salarial al que el Estado y los profesores habían llegado el año pasado después de tres semanas de huelga.
Jaime Fajardo, presidente del Colegio de Profesores, aseguró que con la medida de fuerza “se busca reivindicar la dignidad de los profesores” y acusó al gobierno por pretender desconocer el pago de la deuda histórica, aunque aclaró que espera un llamado de las autoridades para entablar el diálogo.
Desde el gobierno, primero fue el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y luego la vocera, Carolina Tohá, los que cuestionaron la medida “porque afecta a los alumnos y sus familias a esta altura del año, cuando falta poco para terminar las clases”. A su turno, Mónica Jiménez, la ministra de Educación, lamentó la medida de fuerza porque con ella “lo único que se logra es que los padres decidan poner a sus niños en establecimientos privados”.
“Lo único que nos importa es que los niños estén en clases y los padres de Chile lo único que buscan son establecimientos donde sus chicos acudan a clase y tengan garantizado el año escolar”, afirmó Jiménez, quien agregó que mañana (jueves) la presidenta Michelle Bachelet entregará la respuesta oficial reclamada por el Parlamento sobre “la deuda histórica”, lo que podría llegar a descomprimir la situación entre los docentes y el gobierno.
Los docentes recibieron el apoyo del candidato presidencial de la coalición chilena de izquierda Juntos Podemos, Jorge Arrate, quien dijo que no se puede mejorar la educación si no se respeta a los trabajadores del sector. Buenos Aires, Argentina
La huelga, a la que se plegaron también los asistentes de escuelas, fue convocada ante el reclamo de algunos bienes mal liquidados en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando se descentralizó la educación, y los colegios pasaron de la órbita del Ministerio de Educación a la de los municipios.
“La deuda histórica”, como la conocen todos los educadores chilenos, es reclamada junto al pago de la segunda cuota del bono conocido como Subvención Adicional Especial (SAE), fruto de un acuerdo salarial al que el Estado y los profesores habían llegado el año pasado después de tres semanas de huelga.
Jaime Fajardo, presidente del Colegio de Profesores, aseguró que con la medida de fuerza “se busca reivindicar la dignidad de los profesores” y acusó al gobierno por pretender desconocer el pago de la deuda histórica, aunque aclaró que espera un llamado de las autoridades para entablar el diálogo.
Desde el gobierno, primero fue el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y luego la vocera, Carolina Tohá, los que cuestionaron la medida “porque afecta a los alumnos y sus familias a esta altura del año, cuando falta poco para terminar las clases”. A su turno, Mónica Jiménez, la ministra de Educación, lamentó la medida de fuerza porque con ella “lo único que se logra es que los padres decidan poner a sus niños en establecimientos privados”.
“Lo único que nos importa es que los niños estén en clases y los padres de Chile lo único que buscan son establecimientos donde sus chicos acudan a clase y tengan garantizado el año escolar”, afirmó Jiménez, quien agregó que mañana (jueves) la presidenta Michelle Bachelet entregará la respuesta oficial reclamada por el Parlamento sobre “la deuda histórica”, lo que podría llegar a descomprimir la situación entre los docentes y el gobierno.
Los docentes recibieron el apoyo del candidato presidencial de la coalición chilena de izquierda Juntos Podemos, Jorge Arrate, quien dijo que no se puede mejorar la educación si no se respeta a los trabajadores del sector. Buenos Aires, Argentina
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