lunes, 5 de octubre de 2009

Ratificará España Convenio penal sobre la corrupción del CE


El informe ya está listo y será remitido en una de las próximas reuniones
El texto incluye un "amplio abanico de conductas de corrupción" y mejora la cooperación internacional

España ratificará "en breve" el Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa, según aseguró hoy el consejero técnico del Ministerio de Justicia, Rafael Vaillo. Vaillo, que participó en Estrasburgo en la Conferencia del décimo aniversario de la creación del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), señaló que el informe para que lo apruebe el Consejo de Ministros ya está preparado y será remitido en una de las próximas reuniones. El citado convenio, que España firmó en 2005, ha entrado en vigor en todos los estados miembros del Consejo de Europa, excepto Alemania, Austria, España, Italia, Liechtenstein, San Marino y Ucrania. El texto incrimina un "amplio abanico de conductas de corrupción" y mejora la cooperación internacional para perseguir a corruptos y corrompidos. Están catalogados los actos de corrupción que pueden cometer agentes públicos nacionales y extranjeros, parlamentarios nacionales y extranjeros, sector privado, funcionarios internacionales, jueces nacionales y extranjeros, el tráfico de influencias y el blanqueo de productos procedentes de delitos de corrupción. El Greco publicó el pasado mayo un informe relativo a España, centrado en la criminalización de la corrupción y la transparencia en la financiación de los partidos políticos en el que se pidió "sancionar más duramente" las infracciones relativas a la corrupción y al tráfico de influencias. En este sentido, está previsto que la reforma del Código Penal que se ha de abordar esta legislatura incluya algunas recomendaciones del Greco, como la responsabilidad de las personas jurídicas, además de la responsabilidad de las personas físicas. En la conferencia se abordaron cuestiones como la transparencia de la financiación política, la cooperación de los actores internacionales en la lucha contra la corrupción, el lobbying, la corrupción en el sector privado y la prevención de la corrupción. Para el Greco, la corrupción representa una "amenaza directa" para los valores que defiende el Consejo de Europa (la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho) y además pone en peligro el buen funcionamiento de la justicia y "frena el desarrollo económico". El objetivo del Greco es mejorar la capacidad de los países para luchar contra esta forma de "delincuencia perniciosa y perjudicial" e incitar a las reformas legislativas e institucionales necesarias. El presidente del Greco, Dragon Kos, expresó su esperanza de que las recomendaciones del grupo se apliquen en las legislaciones nacionales y se pongan en práctica "con mayor vigor". Y es que, según el jurisconsulto del Consejo de Europa, Manuel Lezertua, algunos "escándalos de corrupción han amenazado los cimientos del estado democrático". Los tres retos que el Greco se marca para el futuro son proveer y poner al día las políticas anticorrupción en Europa con una revisión cada dos años, duplicar esfuerzos para que el poderoso y creciente movimiento anticorrupción no se paralice y que la lucha contra la corrupción se aplique también en los niveles subnacionales. Pertenecen al Greco los 47 estados miembros del Consejo de Europa, excepto Liechtenstein y San Marino. Como observadores, figuran Estados Unidos, Naciones Unidas y la OCDE. Estrasburgo

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