Al paro de actividades se estima que se sumen unos dos mil jueces, además de los magistrados que podrían participar en concentraciones puntuales en las puertas de sus juzgados.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa a una gran mayoría de jueces, inició hoy la segunda huelga de la historia del colectivo, que se prevé tenga un gran seguimiento, informaron medios locales.
Las concentraciones comenzaron a las 10:00 hora local (12:00 GMT) de este jueves y el paro será total en una veintena de provincias españolas en protesta por la "situación insostenible" en la que se encuentran la mayoría de los órganos jurisdiccionales.
Al paro de actividades se estima que se sumen unos dos mil jueces, además de los magistrados que podrían participar en concentraciones puntuales en las puertas de sus juzgados, lo que podría derivar en la paralización de todo el sistema judicial español.
Pese a que la huelga no cuenta en esta ocasión con el respaldo de las otras tres asociaciones, Francisco Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, la APM decidió seguir enfrentándose al Ministerio de Justicia.
Aún a pesar de que decidió continuar la huelga en solitario, la APM cuenta con cerca de la mitad de los jueces afiliados a alguna asociación, a los que podrían sumarse entre un 30 y un 40 por ciento de los magistrados no afiliados.
Precisamente la Asociación Profesional de la Magistratura, la más conservadora, fue la única que no apoyó la huelga en febrero, cuyo detonante fue la intromisión del gobierno en una decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El CGPJ decidió sancionar a un juez que, por una negligencia, dejó libre a un pederasta, lo que posibilitó su reincidencia y derivó en el asesinato de una niña que tuvo gran impacto en la opinión pública española.
Por su parte, el Ministerio español de Justicia tildó de "contradictoria" esta nueva huelga, pues el ministro de Justicia Francisco Caamaño ya se comprometió a realizar diversas mejoras en el sistema judicial español.
Sin embargo, muchos magistrados creen que las soluciones propuestas por Caamaño no alcanzan sus expectativas ni servirán para corregir los problemas de un modo definitivo, y acusan al ministro de no acometer "ninguna medida urgente".
El motivo del descontento del colectivo de magistrados se debe al colapso que sufren los juzgados españoles, que redunda en muchas ocasiones en fallos judiciales como consecuencia del exceso de trabajo y la acumulación de causas.
Ya en la pasada huelga de febrero, los magistrados reivindicaban al Ministerio de Justicia la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, la adecuación de número de jueces a la media europea y un aumento salarial.
Al igual que en la primera huelga, el PSOE insistió en el carácter ilegal que tiene una huelga de jueces, y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alvaro Cuesta, calificó de "desleal e irresponsable" la actitud de la APM. Madrid, España
Las concentraciones comenzaron a las 10:00 hora local (12:00 GMT) de este jueves y el paro será total en una veintena de provincias españolas en protesta por la "situación insostenible" en la que se encuentran la mayoría de los órganos jurisdiccionales.
Al paro de actividades se estima que se sumen unos dos mil jueces, además de los magistrados que podrían participar en concentraciones puntuales en las puertas de sus juzgados, lo que podría derivar en la paralización de todo el sistema judicial español.
Pese a que la huelga no cuenta en esta ocasión con el respaldo de las otras tres asociaciones, Francisco Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, la APM decidió seguir enfrentándose al Ministerio de Justicia.
Aún a pesar de que decidió continuar la huelga en solitario, la APM cuenta con cerca de la mitad de los jueces afiliados a alguna asociación, a los que podrían sumarse entre un 30 y un 40 por ciento de los magistrados no afiliados.
Precisamente la Asociación Profesional de la Magistratura, la más conservadora, fue la única que no apoyó la huelga en febrero, cuyo detonante fue la intromisión del gobierno en una decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El CGPJ decidió sancionar a un juez que, por una negligencia, dejó libre a un pederasta, lo que posibilitó su reincidencia y derivó en el asesinato de una niña que tuvo gran impacto en la opinión pública española.
Por su parte, el Ministerio español de Justicia tildó de "contradictoria" esta nueva huelga, pues el ministro de Justicia Francisco Caamaño ya se comprometió a realizar diversas mejoras en el sistema judicial español.
Sin embargo, muchos magistrados creen que las soluciones propuestas por Caamaño no alcanzan sus expectativas ni servirán para corregir los problemas de un modo definitivo, y acusan al ministro de no acometer "ninguna medida urgente".
El motivo del descontento del colectivo de magistrados se debe al colapso que sufren los juzgados españoles, que redunda en muchas ocasiones en fallos judiciales como consecuencia del exceso de trabajo y la acumulación de causas.
Ya en la pasada huelga de febrero, los magistrados reivindicaban al Ministerio de Justicia la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, la adecuación de número de jueces a la media europea y un aumento salarial.
Al igual que en la primera huelga, el PSOE insistió en el carácter ilegal que tiene una huelga de jueces, y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alvaro Cuesta, calificó de "desleal e irresponsable" la actitud de la APM. Madrid, España
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