Bolivianos inician juicio contra Sánchez de Lozada, en ausencia

Lo declaran en rebeldía y ordenan la aprehensión del ex mandatario y nueve de sus funcionarios

Con el principal acusado ausente finalizó ayer el primer día de un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y ex jefes militares, por la muerte de 67 personas durante protestas sociales ocurridas en 2003.
Un tribunal de sentencia de la Corte Suprema de Justicia declaró ayer en rebeldía y emitió mandamientos de aprehensión para varios ex ministros de Sánchez de Lozada, que gobernó Bolivia de 2002 a 2003.
Pero un recurso legal de recusación de magistrados y jueces presentado por el ex ministro de gobierno Yerko Kukoc, con paradero desconocido, paralizó el juicio oral a poco de su inicio en Sucre, sede de la Suprema Corte de Justicia.
Antes de la interrupción, un tribunal determinó que los ex ministros Jorge Torres Obleas, Javier Torres Goitia, Yerko Kukoc, Mirtha Quevedo, Guido Añez y Hugo Carvajal fueron declarados en rebeldía al no presentarse a la primera sesión del juicio oral por la muerte de unas 67 personas en octubre de 2003 en El Alto, vecina ciudad de La Paz, durante la represión a una ola de protestas sociales contra un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos a través de puertos de Chile.
A los seis ex ministros se suman otros tres con similar medida: Sánchez de Lozada y sus ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. Los tres con residencia en Estados Unidos.
También están imputados en el llamado caso “octubre negro” los ex miembros del alto mando militar que fungían como jefes hasta el 17 de octubre de 2003: Roberto Claros Flores, José Oswaldo Quiroga Mendoza, Juan Veliz Herrera, Luis Alberto Aranda Granados y Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, quienes están en Sucre.
Las víctimas de octubre pedirán la pena máxima de 20 años de privación de libertad por el supuesto delito de genocidio y otros.
El Ministerio Público de Bolivia imputó a las 17 ex autoridades por haber firmado el decreto supremo 27209 que promovió la intervención de las Fuerzas Armadas de la Nación en los conflictos de octubre de 2003.
Los fiscales Mario Uribe, Mirna Arancibia y Milton Mendoza; el apoderado de las víctimas fallecidas, Rogelio Mayta; el apoderado de los heridos, Freddy Avalos; y el representante de Derechos Humanos, Cristian Zanabria, aguardan una sentencia en el juicio.
“El recurso recusatorio contra todos los miembros del tribunal que hoy presentó Yerko Kukoc, es uno más. Eso se resolverá mañana o el miércoles”, explicó ayer el fiscal Milton Mendoza sobre el recurso que obligó a suspender la primera audiencia pública del juicio de responsabilidades.
En tanto, el ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, acusado de “genocidio” por el “octubre negro”, dijo en una entrevista desde EU que el culpable de ese delito es el presidente Evo Morales.
“Las muertes fueron causadas por Morales. El que tiene que ir a la cárcel es Evo Morales”, dijo al canal Unitel. “Octubre de 2003 hay que mirarlo por la lente de la violencia de un dirigente que (...) más bien buscaba los muertos y ése era Evo Morales”, dijo Sánchez Berzaín.
De igual manera, la abogada de Sánchez de Lozada, Ana Reyes, afirma que el juicio iniciado en Bolivia es producto de “una persecución política” del gobierno de Morales contra sus opositores.
“Al otorgar asilo político a otros acusados que formaron parte del gobierno de Sánchez de Lozada, varios países han reconocido que no hay un sistema judicial independiente en Bolivia”, denunció Reyes.
En un comunicado, Ana Reyes recalcó que Sánchez de Lozada actuó legalmente en aquel entonces. La Paz, Bolivia (El Universal)