Gonzalo Sánchez de Lozada que reside ahora en los Estados Unidos junto a sus ministros y cinco jefes militares de la época están acusados por el delito de genocidio y masacre sangrienta en octubre de 2003.
Un juicio al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada se reinició en Sucre con la lectura de la acusación a los implicados por la muerte de unas 67 personas en octubre de 2003 en una convulsión social que se inició en El Alto, informó hoy Rogelio Mayta, abogado de los heridos y víctimas.
Sánchez de Lozada que reside ahora en los Estados Unidos junto a sus ministros y cinco jefes militares de la época están acusados por el delito de genocidio y masacre sangrienta en octubre de 2003.
La primera etapa del largo proceso penal se destinó a la lectura de frondosa documentación que presentó la Fiscalía General sobre los sucesos entre septiembre y octubre de 2003, que provocaron la renuncia de Sánchez de Lozada a la presidencia de Bolivia, además de dejar unos 67 muertos y decenas de heridos, la mayoría en la ciudad boliviana de El Alto.
El abogado Rogelio Mayta informó que a la lectural formal de la acusación sólo asisten tres ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y cinco miembros del Aldo Mando Militar de esa época.
Tres ex colaboradores de Sánchez ahora residen en los Estados Unidos, otros tres en Perú, uno en España y se desconoce el paradero del ex ministro de Gobierno (Interior), Yerko Kukoc.
Elizabeth Vargas, abogada de oficio del ex mandatario, precisó hoy que "la autoridad administrativa o jurisdiccional ya ha formado una convicción de condena y por ello ha violado este principio prescindiendo del derecho a la defensa".
Explicó que la vigencia del principio de presunción de inocencia determina que un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, mientras no exista una sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material.
Los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague, Guido Añez, Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia, a través de sus representantes legales, argumentaron que no existían garantías para un justo juicio mientras Evo Morales gobierne a Bolivia, por ello optaron por vivir en Estados Unidos y Perú.
Pero el actual gobierno está decidido a que los ex ministros y el presidente Sánchez de Lozada participen del juicio oral que se inició en mayo en la ciudad boliviana de Sucre tras cinco años y medio de trámite.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reiteró hoy que una misión especial viajará en los próximos días a Washington para realizar un trámite ante la Secretaría de Justicia y órganos judiciales de los Estados Unidos para la extradición de Sánchez de Lozada y de tres de sus ex ministros. La Paz, Bolivia. DPA (Milenio)
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