Fiscalía y Procuraduría de Colombia en desacuerdo con relator de ONU

El procurador general, Alejandro Ordóñez, dijo que la llegada del dignatario de las Naciones Unidas representaría una especie de "sanción diplomática" porque "no se están haciendo bien las cosas".
La Fiscalía y la Procuraduría de Colombia consideran que no es conveniente la presencia en el país del Relator para la Independencia Judicial de la ONU, pedida por la Corte Suprema ante la denuncia de un espionaje ilegal contra diversos personajes, según declaraciones de funcionarios difundidas hoy.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, dijo que la llegada del dignatario de las Naciones Unidas representaría una especie de "sanción diplomática" porque "no se están haciendo bien las cosas".
"Se justificaría si los organismos de control y judiciales no estuvieran trabajando en las investigaciones, pero en este caso lo estamos haciendo", dijo Ordóñez al diario "El Tiempo", tras recordar que el Ministerio Público ha tomado decisiones de fondo mediante el inicio de investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios.
Por su parte, el vicefiscal general, Guillermo Mendoza, comentó que Colombia "tiene la suficiente capacidad en su sistema judicial para administrar justicia".
La Corte Suprema pidió la semana pasada la presencia del relator de las Naciones Unidas a raíz del escándalo que sacude al país desde febrero pasado, cuando una revista reveló que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto) espió sin orden judicial a dirigentes de la oposición, magistrados y periodistas, entre otras personas.
El presidente del Supremo, Augusto Ibáñez, expresó que la presencia del relator "no va a desinstitucionalizar al país", sino que busca un "acompañamiento internacional" para que se verifique la situación de la rama judicial.
Este lunes se publicaron detalles de las declaraciones que hicieron ante la Fiscalía dos ex funcionarios del DAS, Fernando Tabares y Jorge Lagos, quienes admitieron que la policía política pidió información financiera de miembros de la Corte Suprema.
Tabares y Lagos dijeron que la información fue requerida al Ministerio de Hacienda en el marco de pesquisas para ver si algunos magistrados tenían vínculos con una persona relacionada con narcotraficantes.
Empero, Tabares y Lagos, que fueron jefes de inteligencia y contrainteligencia del DAS, respectivamente, negaron estar involucrados en seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales y aseguraron que no recibieron órdenes para hacer un espionaje.
Lagos dijo que acudió dos veces a la Casa de Nariño (sede de gobierno), una de ellas en compañía de Tabares, para dialogar con los secretarios de la Presidencia y de Prensa, Bernardo Moreno y César Mauricio Velásquez, respectivamente, en torno a posibles vínculos de magistrados con allegados a mafiosos.
La Procuraduría abrió el viernes pasado una investigación disciplinaria contra Moreno, Velásquez y el asesor de Comunicaciones de la Casa de Nariño, Jorge Mario Eastman.
De igual forma, el Ministerio Público anunció procesos contra los ex directores del DAS Jorge Noguera (preso por presuntos nexos con paramilitares de ultraderecha) y Andrés Peñate, el ex subdirector del servicio secreto José Narváez y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren.
El fiscal general, Mario Iguarán, dijo hace algunos días que lo que ha encontrado desde que comenzó la investigación al interior del DAS produce "hedor".
Ex funcionarios del DAS entregaron la semana pasada a una emisora de radio las grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas, que sugieren que el espionaje comenzó en medio de la campaña presidencial de 2006. Bogotá, Colombia. DPA (Milenio)